sábado, 28 de septiembre de 2013

HOMENAJE

Pavlos Fyssas

 

“No dejaré que se roben mis sueños”
    

 
Pavlos Fyssas (10 de abril de 1979 -18 de septiembre de 2013), también conocido como Killah P,fue un rapero antifascista griego.

Fue asesinado a puñaladas en Atenas el 18 de septiembre de 2013, a los 34 años de edad. Según el periodista de la BBC Marcos Lowen, un partidario del Amanecer Dorado de 45 años de edad, ha confesado el asesinato, y está bajo custodia policial. El presunto asesino trabajaba en la cafetería de la sede del partido Amanecer Dorado (Χρυσή Αυγή).

Las protestas en su muerte se llevan a cabo a través de Grecia, y la policía ha buscado las oficinas del Amanecer Dorado.

 

Nikos Mijaloliakos: detenidos el líder y un diputado del partido neonazi griego Amanecer Dorado

    
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: | Actualizado: 28/09/2013 12:10 CEST
La policía griega ha detenido este sábado al líder del partido neonazi Amanecer Dorado, Nikos Mijaloliakos, al portavoz parlamentario de la formación ultraderechista, Ilias Kasidiaris, y a otros altos cargos en conexión con el asesinato hace 10 días del rapero y activista Pavlos Fyssas, que desató disturbios en el país.

Además, la Fiscalía griega ha emitido órdenes de arresto contra al menos 32 miembros y seis parlamentarios de la formación ultraderechista, según han informado fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias ANA. Entre los parlamentarios contra los que se ha emitido la orden figuran Christos Pappas, John Hare, Nikos Michos y Elias Panagiotara.

"El secretario general y un diputado del partido Amanecer Dorado han sido detenidos hace poco, después de emitirse una orden de arresto", ha informado la Policía en un mensaje de texto a los periodistas. Ambas detenciones han sido efectuadas esta madrugada en cumplimiento de una orden de arresto dictada por la Fiscalía. Los dos miembros de Amanecer Dorado han sido trasladados a la jefatura de Policía para su posterior remisión a la Fiscalía.

"La República garantiza la protección constitucional y la Justicia está haciendo su trabajo", ha declarado el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglou, en relación con las detenciones, citado por ANA.

La orden de arresto ha sido emitida después de que Mihaloliakos haya sido acusado de la formación de una organización criminal y está directamente relacionada con el asesinato del rapero y activista antifascista Pavlos Fyssas, perpetrado el pasado 17 de septiembre por un hombre que se confesó simpatizante de Amanecer Dorado.

El partido ha negado cualquier implicación en el crimen, que ha generado una fuerte condena en el país y amplias movilizaciones populares y políticas en favor del procesamiento penal y la ilegalización de la formación. Amanecer Dorado, tercera fuerza parlamentaria del país con 18 de los 300 escaños, ha amenazado con retirarse de la Cámara si no se pone fin a la "persecución" judicial contra sus miembros.

Según los sondeos de opinión, el apoyo popular al partido ha caído desde el 14 al 6,7 por ciento desde el asesinato de Fyssas. Las leyes griegas establecen que no se puede desposeer de su escaño a un parlamentario a menos que haya una sentencia judicial firme en su contra, pero el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para suspender la financiación de Amanecer Dorado en caso de encontrarse alguna relación con el asesinato del cantante.
 

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Ana María Gómez: “Mi política es defender el techo de mis hijos”

Ana María Gómez: “Mi política es defender el techo de mis hijos”

Olivia Carballar / Sevilla/ 25 sep 2013
Ana María Gómez, en el centro, cuando le fue notificada la expropiación. // JAVIER ALBIÑANA
 
Ana María Gómez, en el centro, cuando le fue notificada la expropiación. // JAVIER ALBIÑANA
 
Ana María Gómez atiende al teléfono de camino al colegio. Son casi las dos de la tarde y va a recoger a sus dos niños. Trabaja unas cuantas horas como dependienta y vive, con lo poco que gana, en el piso del que estuvo a punto de ser desahuciada. El decreto aprobado por la Junta de Andalucía el pasado abril impidió que se quedara en la calle. El recurso del Gobierno central en el Constitucional la volvió a dejar desamparada. Y ahora está acogida, según cuenta, a la moratoria de dos años propuesta por Rajoy para casos extremos.

Hoy el Parlamento andaluz aprobará con los votos del PSOE e IU una norma que amplía el decreto. Pero la Junta no sabe cuánto tiempo la podrá aplicar. El PP ya ha anunciado su voto en contra y esta vez el recurso en el Tribunal Constitucional parece estar más cerca. Ana María, ajena a las tramitaciones, a los tiempos y a los órdenes del día, no entiende por qué se recurren leyes que pueden ayudar a las personas, por qué tiene que acogerse a un decreto un día o a una moratoria la semana o el mes siguiente. “Estoy siempre con la incertidumbre. A mí la situación no me la arregla nadie. Estoy sola, sin capacidad para absorber todas las cargas que tengo. ¿Adónde voy? Yo no quiero saber nada de guerras políticas ni ideologías. Yo lo único que tengo claro es que defiendo mi política, que es buscar el techo de mis hijos”, afirma ya cansada, pero sin tirar la toalla.

La nueva Ley de función social de la vivienda incluye mejoras como la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación del uso temporal de viviendas, con un máximo de tres años. Además de las personas en riesgo de exclusión social, como el caso de Ana María y las otra 17 familias beneficiadas con el decreto, el nuevo texto protegerá también a quienes avalaron con su propia casa otra vivienda, a los autónomos que pusieron su vivienda como aval para sacar adelante su negocio y aquellas personas atrapadas en las denominadas hipotecas puente. “Esta Ley devolverá el poder a la gente”, insiste la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), que defiende su absoluta constitucionalidad.

Ana María representa la desesperación de cientos de familias. La Junta, tras la paralización del decreto, ha continuado trabajando en la búsqueda de soluciones para que ninguna persona se quede en la calle. Entre otras medidas, mantuvo una reunión con los bancos afectados y solicitó a los juzgados que paralizacen los procesos. El Santander llegó incluso a comprometerse a estudiar caso por caso para ofrecer alquileres sociales. Ana María no ha tenido noticias hasta el momento.

El Código Penal castigará enviar tuits que inciten a alterar el orden público

 

El proyecto del Gobierno introduce un nuevo delito que sanciona con hasta 1 año de cárcel la difusión de mensajes de ese tipo "a través de cualquier medio". También prevé prisión para quienes ocupen bancos

ANDRÉS MUÑIZMadrid25/09/2013 07:39 Actualizado: 25/09/2013 07:39
 
 

"La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público (...) o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año".

Es el texto de un nuevo artículo introducido por el Gobierno en el Proyecto de Código Penal aprobado este viernes. La referencia a cualquier medio abarca desde Twitter a Facebook, o cualquier otra red social accesible en Internet.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que este nuevo tipo penal no supone la persecución de la difusión de convocatorias genéricas de manifestaciones, en las que, a posteriori, puedan registrarse actos violentos, sino que está vinculada al llamamiento a delitos concretos de alteración grave de orden público.

Sin embargo, otras fuentes judiciales piensan que puede dar cobertura a actuaciones policiales desproporcionadas, como las llevadas a cabo contra los promotores de la manifestación del 25-S del año pasado para cercar el Congreso de los Diputados, que fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz.

La alteración grave de orden público será castigada con hasta 6 años de cárcel
Los delitos de alteración del orden público especialmente graves, que el proyecto propone castigar con entre 1 y 6 años de cárcel, pasan a ser aquellos donde "alguno de los partícipes" porte un arma u otro instrumento peligroso, o exhiba un arma de fuego simulada; o los supuestos de lanzamientos de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

Pero igualmente graves, y con posibilidad de la misma sanción, se califican las alteraciones que "se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas". Las otras dos agravantes son que se produzcan actos de pillaje, o que el autor se prevalga de su condición de autoridad, agente de ésta o de funcionario público.

Los mensajes en Internet que quedarán prohibidos serán los que inciten a la comisión de alguna de esas alteraciones graves de orden público, según el proyecto.

El tipo no agravado del delito de alteración de orden público, con pena máxima de tres años de cárcel, queda así en el proyecto, que pretende modificar el artículo 557 del Código: “1. Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo".

Y "2.- Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.”

Desde la asociación progresista Jueces para la Democracia se considera que varios de estos artículos traslucen una voluntad del Gobierno por criminalizar algunas actuaciones típicas, no violentas, del movimiento de los indignados.

En ese sentido, recuerdan que el nuevo artículo 557.ter, de nuevo cuño, está claramente pensado para castigar --con penas de prisión de hasta seis meses-- a los ciudadanos que han llevado a cabo ocupaciones de bancos en protesta por los desahucios.

Ese artículo del proyecto dice: "Los que, actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses".
 

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a desahuciar una vivienda social tras el suicido de la semana pasada

 

Activistas de la PAH y la PAVPS se han reunido en el exterior de la casa para evitar el lanzamiento de Isabel y su familia, que deben alrededor de 1.000 euros. La EMVS se niega a negociar una solución

JAIRO VARGASMadrid25/09/2013 10:37 Actualizado: 25/09/2013 11:31

El abogado de la PAH habla con una agente de la UIP mientras un cordón de agentes, equipados para ejecutar el desahucio de Isabel, custodia la entrada a la vivienda.

El abogado de la PAH habla con una agente de la UIP mientras un cordón de agentes, equipados para ejecutar el desahucio de Isabel, custodia la entrada a la vivienda.- ASAMBLEA DE VIVIENDA DE MADRID

A las 7.30 horas de este miércoles , varios furgones policiales llegaban a la calle Unanimidad, en el distrito madrileño de Villaverde, donde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ejecuta un nuevo desahucio en una vivienda social, según informaron a Público activistas antidesahucios.

Se trata del caso de Isabel, que debe a la EMVS el alquiler desde el mes de enero, una deuda que ronda los 1.000 euros y que el Ayuntamiento se niega a renegociar. Vive con su marido, que padece problemas cardíacos; con su hija de 8 años y sus dos padres, también enfermos y a los que cuida. Todo ellos con unos ingresos entorno a los 700 euros mensuales. La situación se ha ido haciendo cada vez más difícil para esta familia, a la que unos gastos imprevistos le han impedido hacer frente a los 117 euros mensuales que paga de alquiler.

Un grupo de activistas ha pasado la noche junto a la familia y ha intentado negociar con la comisión judicial este misma mañana, pero no han tenido éxito. En el exterior, otro grupo trataba de impedir, mediante un cordón, que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) accediesen al interior del bloque. Tras unas cargas policiales, los agentes han llegado a la puerta de Isabel, informa a Público una activista que se encuentra en la casa con la familia. También se ha lanzado el Twitter la etiqueta .

La madre de Isabel ha sufrido un ataque de ansiedad cuando la Policía ha llegado y a tenido que ser trasladada al hospital 12 de Octubre, aseguran las mismas fuentes.
El pasado 2 de julio, la PAH consiguió aplazar la orden de desahucio para esta familia, pero este miércoles el plazo se ha agotado y la EMVS, apuntan, no ha querido llegar a un acuerdo con la familia.

Por desgracia, el caso de Isabel no es único de esta calle. Unanimidad, en Villaverde, sufre varios desahucios o intentos de desahucios cada mes. En este distrito se concentran cientos de viviendas sociales, tanto de la EMVS como del IVIMA, muchas de ellas vacías, sin adjudicar y que son ocupadas, en muchos, casos por los inquilinos a los que el Ayuntamiento o Comunidad de Madrid han desalojado del único techo que poseen.

Hace apenas una semana, Amparo, que vivía junto a una extensa familia en otro piso de protección oficial de la EMVS en el barrio de Carabanchel, se suicidaba al recibir la notificación de desahucio.
 

Los fiscales progresistas tachan de "penosa" a la justicia española frente a los crímenes del franquismo

 

Reclaman al Gobierno de Rajoy que no obstaculice la investigación abierta por una juez argentina

ANDRÉS MUÑIZMadrid25/09/2013 12:33 Actualizado: 25/09/2013 12:42
 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, alabó esta mañana la decisión de la Fiscalía.- EFE

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, alabó esta mañana la decisión de la Fiscalía.- EFE

 

En un comunicado, la UPF critica que la Fiscalía General del Estado haya llegado a informar a la magistrada argentina que en España se estaban persiguiendo estos crímenes, "hecho incierto que la resolución judicial pone en evidencia". Y se felicitan de que finalmente el principio de justicia universal y la obligatoria aplicación de la justicia penal, "que no puede ceder ante ningún obstáculo formal, para la persecución de los crímenes de lesa humanidad, haya avanzado a través de la Justicia argentina, subsanando la penosa actuación de nuestro sistema judicial en este caso".
Esta asociación de fiscales se congratula de que la justicia argentina haya aceptado la competencia de ese país para perseguir alguno de los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista, y se lamenta de la incapacidad de la justicia española para dicha persecución.
El comunicado recuerda que, con base al principio de jurisdicción universal, en los años noventa se iniciaron en la Audiencia Nacional las causas contra las dictaduras de Argentina y Chile por los graves crímenes de lesa humanidad sucedidos en ambos países.
"Resulta pues, paradójico que estos avances de nuestra Justicia en el ámbito del Derecho Penal Internacional en materia de Derechos Humanos solo hayan servido para perseguir este tipo de delitos en el extranjero, y resurjan todo tipo de obstáculos para siquiera iniciar un proceso de estas características en relación con nuestros propios crímenes históricos", subraya la UPF.

La impunidad del franquismo

Diversas resoluciones judiciales emanadas de los Tribunales de nuestro país , cerraron definitivamente las puertas a la obtención de Justicia por estos hechos, "y selló sin resquicio alguno la impunidad del franquismo, cerrándose definitivamente las puertas a la obtención de Justicia por estos hechos", señala el comunicado, en referencia a lo ocurrido en nuestro país con este asunto.
"Resulta paradójico que tras investigar los crímenes en Argentina y Chile, haya todo tipo de impedimentos para investigar los nuestros"
Pese a todo, la UPF espera que el gobierno español esté a la altura de las circunstancias, y permita, con arreglo a los tratados firmados por España, que la investigación iniciada en Argentina, "no choque con la oposición de las autoridades nacionales encargadas de dar cumplimiento a los tratados de extradición y de cooperación juridica internacional en material penal suscritos con Argentina".
De momento, las primeras señales no invitan a desbordar el optimismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la detención preventiva de los cuatro reclamados por la juez Servini alegando la antigüedad de los hechos y la posible prescripción de los delitos, aunque en el mismo escrito ha instado el inicio del proceso de extradición. El siguiente paso, lo que diga el juez de la Audiencia Pablo Ruz.

 

martes, 24 de septiembre de 2013

La marea verde balear

La marea verde balear exige la dimisión de Bauzá

Los manifestantes llegan al Parlamento el día en que se aprueba la validación del decreto que concede al catalán, castellano e inglés la misma presencia en las aulas.

EUROPA PRESSPalma de Mallorca24/09/2013 12:29 Actualizado: 24/09/2013 12:58

Unas 5.000 personas, según las organizaciones convocantes, se han concentrado frente al Parlamento balear para exigir la dimisión del presidente del Gobierno regional, José Ramón Bauzá, y la consejera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps, el mismo día en el que está previsto que el Pleno de la Cámara apruebe con los votos del PP la validación del Decreto Ley de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).

Así, una marea de ciudadanos con camisetas verdes en contra del TIL se manifiesta desde el Ayuntamiento de Palma hasta las puertas de la Cámara autonómica y, entre ellos, se encuentran varios miembros de la oposición, como la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, el portavoz adjunto socialista en el Parlamento, Vicenç Thomàs, y el diputado de MÉS Antoni Alorda.
Los manifestantes, entre los que se encuentran un número muy elevado de estudiantes, corean varios gritos, como "No tenemos miedo, nosotros somos la mayoría gritona" o "Si los docentes adoctrinasen, vosotros no gobernaríais". Asimismo, portan diferentes carteles, entre los que se puede leer: "El triunfo no está en vencer siempre, si no en no rendirse nunca. Resistiremos".

Esta concentración se produce en el segundo día de la segunda semana de huelga en la enseñanza en Balears, convocada desde el pasado lunes por los sindicatos STEI, CCOO y la Asamblea de Docentes y a la que se sumaron UGT y ANPE, con el fin de exigir al Govern que derogue el TIL —que introduce una tercera lengua en la educación— y que suspenda los expedientes abiertos a tres directores de Instituto de Maó, que se negaron a aplicar el TIL.

Precisamente, la Consejería de Educación, Cultura y Universidades ha convocado a los sindicatos a una reunión de carácter extraordinario de la Mesa Sectorial de Educación este miércoles a las 17.00 horas para negociar el calendario de aplicación del TIL a partir del curso 2014-15. En el orden del día de esta reunión, que tendrá lugar en la sala de Juntas de la Dirección General de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos, se abordarán las propuestas de catalogación de plazas B2; la formación específica para la aplicación del TIL; las condiciones laborales del profesorado y el nuevo pacto de interinos.

 

Impunidad de los crímenes del franquismo

Amnistía Internacional critica la impunidad en España de los crímenes del franquismo
       
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: | Actualizado: 17/06/2013 17:02 CEST
El Estado español no coopera, no investiga y, lo que es peor, “obstaculiza” las investigaciones abiertas en terceros países (como Argentina) sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Este es el gran titular del informe elaborado por Amnistía Internacional El tiempo pasa, la impunidad permanece, en el que se insta al Tribunal Supremo a rectificar el fallo del 27 de febrero de 2012, en el que se condenó al juez Baltasar Garzón por prevaricación al abrir una causa contra el franquismo, y a la Fiscalía que actúe de oficio para investigar los crímenes de la dictadura y que colabore con los tribunales extranjeros.

El autor del informe, Ignacio Jovtis, se expresa de forma contundente: a su juicio, el Poder Judicial archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas, la Fiscalía no colabora con la justicia argentina —que ha requerido información para abrir una causa contra el franquismo en ese país— y el Gobierno incumple sus obligaciones internacionales y "ha obstaculizado" que las víctimas presten declaración en ese proceso.

"En España está garantizada la impunidad" de los crímenes cometidos por el dictador Franco, lamenta el director de AI España, Esteban Beltrán, para quien España "está haciendo un intento vano de pasar página sin leerla", se aleja así de la tendencia mundial "a buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas" y es un caso "no típico" porque no hay "voluntad política" de investigar.
Amnistía Internacional también critica que el Poder Legislativo haya confirmado la Ley de Amnistía y no haya ratificado la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, dejando en una situación de indefensión a las víctimas.

"Nunca una amnistía puede ser un obstáculo para investigar crímenes de guerra", ha criticado Jovtis, tras explicar que el estudio es un análisis de 48 de los casos instruidos por los juzgados territoriales tras la inhibición de la Audiencia Nacional en 2008, de los que 38 han sido archivados.

El informe tampoco ahorra críticas a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy, al que se señala por no colaborar con la justicia argentina: el Ministerio de Exteriores, por ejemplo, rechazó la petición de la juez argentina María Servini para que varias víctimas testificaran en el juicio desde el consulado de Argentina en España.

Otra de las críticas de Amnistía Internacional recaen sobre la actuación de la Fiscalía, que, según indica, ha respondido a las peticiones de información de Argentina con afirmaciones falsas, asegurando que España está investigando y "tiene preferencia" para hacerlo.
 

HAY QUE SABER A QUIEN SE VOTA.

El PP arropa al alcalde que dijo que los condenados a muerte del franquismo "se lo merecían"
       
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: | Actualizado: 17/09/2013 13:38 CEST
El PP ha desestimado la petición presentada por el BNG para que se reprobase y se instase a la dimisión del alcalde del PP de Baralla (Lugo), Manuel González Capón, quien dijo que "los que fueron condenados a muerte" durante el franquismo "será que lo merecían".

La iniciativa, debatida en comisión parlamentaria, había sido presentada por la diputada del Bloque Ana Pontón, y recibió una enmienda del PP, que fue rechazada, y que contemplaba que se reprobase cualquier manifestación de cargos públicos que justifiquen asesinatos en el franquismo, en general, sin citar expresamente al alcalde de Baralla.

Durante el debate de la iniciativa se produjeron momentos de tensión, después de que la diputada popular Paula Prado reprochase a BNG y AGE su postura en torno a la reciente condena por la Audiencia Nacional a varios miembros de Resistencia Galega y también que vistan camisetas con símbolos comunistas.

"Yo el único fascismo que conozco en 40 años es el de Batasuna y el de ETA", dijo Prado, que pidió a la oposición que lo condenase.

Durante el debate, la parlamentaria de AGE Yolanda Díaz la acusó de frivolizar y apuntó que ha vivido en sus "carnes" la represión del franquismo, un comentario ante el que recordó que tuvo que visitar a su padre, un veterano sindicalista, en la cárcel.

Manuel González Capón admitió haber pronunciado esa frase y la ha enmarcado en un contexto de "discusión general" en el pleno. "Con esas palabras u otras parecidas dije que las personas que habían sido juzgadas y condenadas debían pagar por ello".
 

lunes, 23 de septiembre de 2013

La 'Marea Blanca' vuelve a la calle en contra de la privatización de la sanidad en Madrid


       
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: | Actualizado: 22/09/2013 13:10 CEST
 


Miles de personas se han dado cita este domingo en la Plaza de Neptuno para protestar contra el proceso de externalización sanitaria, animados por el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya procedido a la paralización cautelar en los últimos días.

La marcha de la Marea Blanca, que partió a las 12 horas y culmina en la Puerta del Sol, ha congregado a más personas que en la última convocatoria de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que tuvo lugar en julio.

Si bien el tercer domingo de agosto también se produjeron protestas por la externalización, en esa ocasión no fue la Mesa quien convocó el encuentro, y la participación fue minoritaria.
En la manifestación han podido escucharse lemas ya habituales como "Sí se puede" o "La sanidad no se vende, se defiende", y otros de nuevo cuño como "Paralización, sí se podía", "Privatizar es despilfarrar, no privatizar es ahorrar", además de insultos al Gobierno regional y peticiones de dimisión hacia sus integrantes.

La marcha ha alcanzado ya la calle Alcalá, por donde subirá hasta llegar a la sede del Ejecutivo autonómico, en la Puerta del Sol. Está previsto que los actos concluyan sobre las 15 horas.
 

jueves, 19 de septiembre de 2013

Claves para optar a uno de los cien empleos de la bolsa temporal de Lipasam, SEVILLA.


http://recursosempleosevilla.blogspot.com.es/2013/09/claves-para-optar-uno-de-los-cien.html
Día 16/09/2013 - 13.18h

La empresa municipal de Limpieza de Sevilla busca un centenar de oficiales de tercera de taller, con siete plazas para personas con discapacidad

La Empresa Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam) ha iniciado este lunes el proceso para la constitución de su bolsa de empleo temporal. En su primera fase, Lipasam busca un total de cien oficiales de tercera para sus talleres. En concreto, se ofertan nueve plazas de soldadura y calderería, nueve plazas de carrocería, siete de hidarúlica, siete de electrónica, 48 de electromécanica y 20 de electricidad en sistemas.
Los interesados a optar a estos puestos deben tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos e indispensables:
1.- Tener cumplidos los 18 años de edad.
2.- Contar con estudios primarios (certificado de escolaridad) o equivalente.
3.- Estar en situación de desempleo con fecha anterior al día 15 de septiembre de 2013 o ser trabajador eventual de Lipasam en ese momento.
4.- Contar con una experiencia laboral propia de un taller de un mínimo de 24 meses. Cuentan en este sentido las actividades llevadas a cabo en talleres de electromecánica, electricidad del automóvil, calderería o herrería, chapa y pintura o en categorías profesionales superiores. En caso de no contar con la anterior experiencia profesional, los candidatos pueden optar a los cien empleos en talleres de Lipasam en caso de contar con titulaciones de grado medio o superior en las especialidades que se especifican en el cuadro expuesto al final de esta información.
5.- Abonar la cantidad de 12 euros en el momento de la presentación de la solicitud, cuyo último día de plazo es el próximo jueves día 26 de septiembre. Esto es, diez días naturales desde el comienzo del plazo, abierto el lunes 16 de septiembre.
Dichos requisitos deben ser acreditados en la página web de Lipasam donde se tramitan las solicitudes a oficiales de tercera de taller. Se les pedirá como requisito indispensable la siguiente documentación:
1.- Documento Nacional de Identidad (DNI), permiso de residencia o permiso de trabajo.
2.- Acreditación del título académico.
3.- La tarjeta de desempleo o de mejora de empleo.
4.- La vida laboral, los contratos, las nóminas y/o los certificados de empresa que justifiquen su experiencia laboral de al menos 24 meses en talleres.
5.- El justificante de ingreso de los 12 euros establecidos como derecho de examen en una de las dos siguientes cuentas bancarias: la cuenta en el BBVA con referencia 0182 5566 74 0201513729 o la del Banco Santander en la cuenta 0049 6726 99 2416174447.
Otras titulaciones y documentos que pueden ser presentados y acreditados para optar a más puntos en la convocatoria de Lipasam son los certificados de asistencia a cursos de formación profesional, seminarios y acciones formativas relacionadas con la especialidad, el permiso de conducir de los tipos B, tipo C o tipo C+E.

Siete plazas reservadas a discapacitados

La convocatoria consta de dos grupos diferentes. El general y otro reservado para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. A este grupo se atriburián siete de las cien plazas totales de la oferta que, en caso de no ser cubiertas por personas con discapacidad pasarán a ser ocupadas por solicitantes del cupo general. Quienes opten a las plazas del grupo reservado deberán acreditar su situación mediante un documento expedido por el organismo competente, debiendo aportar además un dictamen técnico facultativo y un certificado de capacitación.

Tras presentar la solicitud

Los solicitantes de las cien plazas de oficial de tercera en los talleres de Lipasam deberán esperar a que finalice el plazo de presentación de las mismas - 26 de septiembre - para que se publique la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Se aceptarán un total de 600 candidatos, los cuales correspodenderán con las mayores puntuaciones obtenidas (cuyo baremo se especifica en el apartado cuarto de las bases del concurso) entre el total de solicitudes admitidas. En concreto pasarán a la siguiente fase de pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico los 54 mejores candidatos a la especialidad de soldadura y calderería, los 54 mejores para carrocería, los 42 más óptimos para hidraúlica, los 42 de electrónica, los 288 mejor valorados de electromecánica y los 120 de electricidad en sistemas; lo que suma el total de 600.

Las solicitudes, por especialidad y plazas

Las diferentes especialidades en que Lipasam oferta cien empleos temporales (duración máxima de 180 días y sin posibilidad de consolidación) se corresponden con los siguientes estudios medios y total de plazas ofertadas:
Especialidad en LipasamGrado MedioGrado SuperiorPlazas ofertadas
Soldadura y CaldereríaTécnico en soldadura y caldereríaTécnico Superior en construcciones metálicas9
CarroceríaTécnico en carrocería9
HidráulicaTécnico en instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneasTécnico Superior en mantenimiento de equipo insdustrial7
ElectrónicaTécnico instalaciones eléctricas y automáticasTécnico Superior en desarrollo de productos electrónicos7
ElectromecánicaTécnico de electromecánica de vehículos automóvilesTécnico Superior de automoción48
Electricidad en SistemasTécnico en instalaciones eléctricasTécnico Superior en sistemas de regulación y control automáticos20

miércoles, 18 de septiembre de 2013

La banca española no podrá devolver el rescate y tendrá que pagar el Estado

 

 
El gobierno de Mariano Rajoy no para de repetir que este rescate (eufemísticamente llamado “línea de crédito”) de 100.000 millones de euros a la banca no conllevará ningún coste para el estado, y por tanto ningún coste para el contribuyente. Se esfuerzan en decir una y otra vez que se trata de una ayuda a la banca, y que serán solo las instituciones financieras ayudadas las encargadas de soportar el coste de los préstamos. Dicen que el ciudadano no tendrá que pagar nada, que será la propia banca española la que devolverá el préstamo cuando esté bien saneada.

Pues bien, pocas mentiras se dicen de una forma tan descarada como ésta. El equipo de gobierno (y a su cabeza el presidente Rajoy y el ministro de Guindos), está mintiendo y engañando a toda la ciudadanía española con este tipo de declaraciones completamente infundadas y surrealistas. Y ahora explicaré por qué.
Para empezar, y como ya comenté en este artículo, el dinero lo recib
e la banca pero quien se responsabiliza del mismo es el Estado y por tanto será éste quien tenga que encargarse de devolver el dinero prestado y pagar los intereses. Esto en una primera ojeada ya conlleva un coste para el Tesoro español, puesto que la deuda pública pasa a incrementarse en torno al 10% del PIB con las consiguientes repercusiones sobre la confianza en el país por parte de los inversionistas. A su vez, los intereses del préstamo los tiene que ir pagando el Estado cada año, y lo tendrá que hacer hasta que se devuelva todo el préstamo. Incluso en el hipotético e improbable caso de que los bancos españoles pudieran devolver finalmente el préstamo, el coste hasta esa fecha lo tendría que soportar el Estado (en forma de recortes de gasto público y aumentos de impuestos, como ya sabemos).

Por otro lado, algunos directivos de los bancos ya nos avisaron de que estas ayudas no serán entendidas como préstamos, sino “recapitalizaciones”. Es decir, que no devolverán ni un solo euro del préstamo porque lo entienden como una donación necesaria para hacer reflotar a los bancos y así dar beneficios en un futuro. El propio presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, lo dijo muy claramente: “No son ayudas a Bankia sino capital y no hay que devolver nada”. Teniendo en cuenta que Bankia recibirá en torno a 23.500 millones de euros de ese fondo europeo ampliable a 100.000 millones y que no tiene pensado devolver nada, parece fácil deducir quién será el encargado final de devolver el dinero: el Estado a través de los contribuyentes.
Pero eso no es todo. Recordemos que estos 100.000 millones de euros del rescate que van a recibir los bancos españoles no conforman la primera ayuda que reciben de la Unión Europea. Entre diciembre y febrero el Banco Central Europeo prestó más de 250.000 millones de euros a la banca del estado español, a tres años. Esto significa que dentro de dos años y medio los bancos españoles tendrán que devolver una cantidad dos veces y media superior a la que van a recibir con este rescate. No hace falta ser economista ni matemático para darse cuenta de que estas cantidades astronómicas no podrán ser devueltas en el plazo acordado por unas entidades financieras que llevan años teniendo serios problemas y que hoy día todavía están necesitando ayudas para no desaparecer.

Además, los problemas de los bancos en apuros no desaparecerán con este rescate. Y a las cifras me remito: los bancos españoles tienen un descubierto de más de 300.000 millones de euros en el sector inmobiliario, en su mayoría en créditos a promotores inmobiliarios. El Banco Central de España considera que alrededor de 180.000 millones de este descubierto son ‘problemáticos’. Por si alguien no se ha percatado, la cantidad de 180.000 millones de euros (que es lo que necesitan los bancos según estimaciones optimistas) es superior a 100.000 millones de euros (que es lo que obtendrán como máximo con este rescate). A esto hay que sumar las previsibles pérdidas asociadas a la caída del precio de la vivienda, cuyo nivel disminuirá entre un 50 y 60% según algunas previsiones. Teniendo en cuenta que los bancos españoles poseen alrededor de 700.000 casas nuevas sin vender, a las cuales habría que sumar las 300.000 viviendas recuperadas mediante desahucios, y añadiendo la situación actual de recesión y de enorme desempleo, es probable que también aumenten las pérdidas actuales de 600.000 millones de euros en créditos hipotecarios. Otras estimaciones elevan la deuda inmobiliaria de los bancos hasta los 400.000 millones de euros.

En cualquier caso, el actual agujero de los bancos españoles no podrá taparse con la cantidad de 100.000 millones de euros que se ofrecen en este rescate. Para ello sería necesaria una inyección de dinero mucho más cuantiosa. Lo cual nos sugiere la idea de que este rescate no será el único que necesite la banca española, tal y como predice The New York Times.

Por último, no podemos olvidar cómo funciona el negocio de las entidades financieras: los bancos obtienen sus beneficios canalizando el capital sobrante de unos agentes económicos hacia otros agentes económicos necesitados del mismo. Por ejemplo, los bancos reúnen el dinero de los depositantes y se lo prestan a un empresario que se dedica a crear muebles (que en ese momento necesita el dinero). En este proceso debe existir una actividad productiva que genere riqueza (como la creación de muebles). Una vez la riqueza se ha generado (en la venta de los muebles), parte de la misma irá destinada a rentabilizar el capital prestado en la financiación originaria (en forma de intereses por el préstamo). Es decir, la riqueza real no se genera en las propias entidades financieras, sino en otra actividad realmente productiva. Una proporción de esa riqueza termina en las entidades financieras para compensar su ayuda a la hora de financiar el proyecto. Pero sin la existencia de esa actividad generadora de riqueza (la venta de muebles), las entidades financieras nunca podrían obtener beneficios. Con esto quiero constatar que mientras la economía española continúe en recesión, cerrando negocios y despidiendo trabajadores, las entidades financieras tendrán muchos problemas para obtener beneficios. Y si no obtienen suficientes beneficios no podrán terminar devolviendo el préstamo del rescate.

En definitiva, la banca española no será capaz de devolver el préstamo de los 100.000 millones de euros. No los podrá devolver porque ni siquiera con esa cantidad podrá recuperarse de los colosales estropicios asociados a la burbuja inmobiliaria. Parte de la banca española seguirá en un estado “zombie”, destruyendo más dinero que creándolo. Y como la banca no podrá cumplir sus compromisos con la Unión Europea, le tocará inevitablemente al estado pagar el precio que conlleva el rescate del sector bancario. Un precio que se traducirá en más recortes y en más impuestos.