jueves, 26 de diciembre de 2013
sábado, 14 de diciembre de 2013
“El denominador común de las infraestructuras es que el contribuyente es el que sale perdiendo”
Xavier Fageda, profesor de economía de la UB, le explica a Jordi Évole en ‘El precio de la foto’ el sistema de obra pública español, único en el mundo. Asegura que a la hora de hacer una obra de infraestructuras, la empresa privada no asume ningún riesgo, rigiéndose por lo que dice la ley. Es decir, si la empresa entra en quiebra y la quiebra no puede imputársele al inversor privado, el que responde patrimonialmente de la inversión hecha es la Administración Pública.
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laSexta.com | Madrid | Actualizado el 09/12/2013 a las 16:16 horas
El aeropuerto de Corvera, en Murcia, está terminado pero sin embargo está cerrado porque “no hay ninguna aerolínea que tenga interés en ofrecer vuelos desde aquí”, comenta Xavier Fageda, profesor de economía de la UB, a Jordi Évole.
Detrás de estas infraestructuras está lo que se conoce como el modelo del “capitalismo castizo”. Consiste en que la financiación de grandes obras públicas se hace por una concesión a grandes empresas privadas que incluye la construcción y la posterior explotación de la infraestructura. Es decir, la Administración encarga la obra a una o varias empresas privadas y para recuperar el dinero se les concede muchos años de la explotación de esas instalaciones para recuperar el dinero. Las empresas que lideran el proyecto “suelen ser empresas constructoras, alguna entidad financiera como las Cajas de Ahorros y un socio industrial”, comenta Xavier Fageda.
Jordi Évole le enseña al profesor una noticia que asegura que Ferrovial, ACS, Sacyr, FCC y OHL lideran el ‘top 10’ de concesionarias. Xavier explica que “una o más de una se quedan con los grandes contratos”. Un negocio que va bien y donde la constructora “siempre gana” frente al socio industrial que “puede perder”.
Los estudios de viabilidad los hace “el promotor de la infraestructura que siempre es una Administración Pública” aunque no es “un estudio serio”. Lo que hay detrás “simplemente es una declaración de intenciones, muchas veces más que una previsión real de lo que va pasar”, comenta el profesor.
"La constructora siempre gana"
En la práctica, la empresa privada no asume ningún riesgo rigiéndose por lo que dice la ley. Es decir, si la empresa entra en quiebra y la quiebra no puede imputársele al inversor privado, el que responde patrimonialmente de la inversión hecha es la Administración Pública. “Todas estas obras de infraestructura tienen un denominador común al final que es que el contribuyente es el que sale perdiendo”, explica Xavier.
Un ejemplo de ello, es el aeropuerto de Corvera en Murcia. Se construyó con la justificación de que el aeropuerto de San Javier, a 30 kilómetros, compartía el uso civil con el comercial, lo que hacía que hubiera una restricción de horarios. Una vez que se impulsó el proyectó de Corvera, se amplió simultáneamente el de San Javier, eliminando el problema.
El aeropuerto lleva cerrado desde que acabó la obra en enero de 2012. La constructora que ganó el concurso fue Sacyr, aunque también estuvieron implicadas varias entidades financieras como la CAM. El proyecto global ha costado alrededor de 300 millones de euros, según explica el profesor de la UB.
Otro ejemplo de ‘capitalismo castizo’ son las autopistas radiales de Madrid que son concesiones que han entrado en concurso de acreedores porque no tenían demasiada viabilidad. Unas autopistas donde se ve “mucho cemento y poco coche”, comenta Xavier Fageda.
Jordi Évole, Premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos
Jordi Évole ha sido premiado con el Premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos, en la modalidad de 'comunicación', por su "constante y ejemplar actividad profesional como periodista, elevando el ejercicio de las Libertades de Prensa, Conciencia, Opinión y Expresión a la categoría de 'salvavidas ciudadano'".
"Ley de la patada en la boca"
La oposición ataca la ley que prevé multas a quien se manifieste ante el Congreso
La norma sancionará a quienes contraten a prostitutas cerca de colegios y a los 'cunderos'
El ministro del Interior tiene previsto llevar el texto al Consejo de Ministros del próximo viernes
Izquierda Plural afirma que el texto debería llamarse "ley de la patada en la boca"
El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente ley Corcuera. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.
Concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros.
El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes, sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy buena”.
La futura ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida, se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.
También podrán ser retirados de forma expeditiva los vehículos que taponen una vía pública (tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros), en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar las vías ocupadas.
Otra novedad es que la ley impedirá concentraciones o manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria. Con esta nueva ley, el Gobierno pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales.
La norma contempla como falta grave participar en altercados usando capuchas, cascos u otros objetos que dificulten la identificación de sus usuarios. Pero, además, también serán sancionados con multa quienes profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil. Junto a eso, será motivo de sanción el uso o difusión de fotos o imágenes de policías que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad.
Un artículo que probablemente levantará polémica es el destinado a sancionar a los que hagan ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de tratos con prostitutas cerca de colegios y parques, o bien en lugares en los que esas actividades entrañen algún riesgo para la seguridad vial.
Otro aspecto recogido en el anteproyecto es el relativo al consumo o tenencia de productos o sustancias estupefacientes, como podrían ser unas plantas de marihuana en cantidad que la ley no precisa.
Esta nueva ley Corcuera contempla sanciones económicas para una amplia batería de conductas: hacer botellón perturbando “el orden público”, trasladar en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de la droga (las llamadas cundas), dañar el mobiliario urbano, hacer barricadas, escalar edificios públicos sin autorización, maltratar animales en espectáculos públicos, deslumbrar con punteros de rayo láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o conductores de autobús…
Las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Según fuentes de Interior, no se han incrementado las sanciones respecto a la ley Corcuera, si bien esta solamente contemplaba infracciones leves y graves.
Fuentes de Interior aseguran que vienen trabajando en esta ley “desde el inicio de la presente legislatura”, si bien han esperado a impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión, posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas.
El proyecto ya ha suscitado las primeras reacciones de la oposición. Joan Coscubiela, diputado de ICV y portavoz de Izquierda Plural, tras recordar la "patada en la puerta" que contemplaba la ley Corcuera, esta del PP debería llamarse "ley de la patada en la boca a la democracia" porque lo que pretende es abrir una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, juzga "un tanto exageradas" las sanciones económicas.
El diputado Antonio Trevín, portavoz de Interior del PSOE, considera que esta ley es "una coartada para embridar el derecho de manifestación, que es un derecho fundamental muy protegido por la Constitución". Trevín reprueba que el Gobierno de Mariano Rajoy haya hecho una ley que "recupera el concepto de orden público, que es algo anterior a la Transición". Eduardo Madina, secretario general del grupo socialista en el Congreso, ha escrito en su cuenta de Twitter que esta es "una Ley de seguridad ciudadana a la altura de su propio miedo" y que "el PSOE se opondrá radicalmente y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional".
El director general de la Policía, Ignacio Cosió, aplaude con entusiasmo el proyecto legislativo: "Creo que desde el punto de vista de la policía es una ley necesaria y el ministerio ha tenido una gran sensibilidad en escuchar las demandas de la policía del día a día".
Concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros.
El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes, sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy buena”.
La futura ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida, se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.
Se castigará el botellón, dañar el mobiliario urbano y deslumbrar con punteros láser a pilotos, maquinistas o conductores de autobús.
Otra novedad es que la ley impedirá concentraciones o manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria. Con esta nueva ley, el Gobierno pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales.
La norma contempla como falta grave participar en altercados usando capuchas, cascos u otros objetos que dificulten la identificación de sus usuarios. Pero, además, también serán sancionados con multa quienes profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil. Junto a eso, será motivo de sanción el uso o difusión de fotos o imágenes de policías que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad.
Un artículo que probablemente levantará polémica es el destinado a sancionar a los que hagan ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de tratos con prostitutas cerca de colegios y parques, o bien en lugares en los que esas actividades entrañen algún riesgo para la seguridad vial.
Otro aspecto recogido en el anteproyecto es el relativo al consumo o tenencia de productos o sustancias estupefacientes, como podrían ser unas plantas de marihuana en cantidad que la ley no precisa.
Esta nueva ley Corcuera contempla sanciones económicas para una amplia batería de conductas: hacer botellón perturbando “el orden público”, trasladar en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de la droga (las llamadas cundas), dañar el mobiliario urbano, hacer barricadas, escalar edificios públicos sin autorización, maltratar animales en espectáculos públicos, deslumbrar con punteros de rayo láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o conductores de autobús…
Las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Según fuentes de Interior, no se han incrementado las sanciones respecto a la ley Corcuera, si bien esta solamente contemplaba infracciones leves y graves.
Fuentes de Interior aseguran que vienen trabajando en esta ley “desde el inicio de la presente legislatura”, si bien han esperado a impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión, posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas.
El proyecto ya ha suscitado las primeras reacciones de la oposición. Joan Coscubiela, diputado de ICV y portavoz de Izquierda Plural, tras recordar la "patada en la puerta" que contemplaba la ley Corcuera, esta del PP debería llamarse "ley de la patada en la boca a la democracia" porque lo que pretende es abrir una "ofensiva brutal contra los derechos civiles". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, juzga "un tanto exageradas" las sanciones económicas.
El diputado Antonio Trevín, portavoz de Interior del PSOE, considera que esta ley es "una coartada para embridar el derecho de manifestación, que es un derecho fundamental muy protegido por la Constitución". Trevín reprueba que el Gobierno de Mariano Rajoy haya hecho una ley que "recupera el concepto de orden público, que es algo anterior a la Transición". Eduardo Madina, secretario general del grupo socialista en el Congreso, ha escrito en su cuenta de Twitter que esta es "una Ley de seguridad ciudadana a la altura de su propio miedo" y que "el PSOE se opondrá radicalmente y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional".
El director general de la Policía, Ignacio Cosió, aplaude con entusiasmo el proyecto legislativo: "Creo que desde el punto de vista de la policía es una ley necesaria y el ministerio ha tenido una gran sensibilidad en escuchar las demandas de la policía del día a día".
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