El PP aprueba la ‘ley Wert’ sin apoyos
La mayor parte de los grupos de la oposición se ha comprometido a derogar la reforma
El País Live
El Partido Popular se ha quedado solo: sus votos han sido los únicos hoy en el Congreso a favor de la reforma educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert. Once partidos –entre ellos todos los grandes- presentaron en su momento enmiendas a la totalidad, por lo que no se contaba con un cambio de postura. Foro Asturias, que solo presentó enmiendas parciales, se ha abstenido y lo mismo ha hecho UPN; todos los demás han votado en contra. Ahora, el texto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobado con la mayoría absoluta de los populares se pasará al Senado antes de volver definitivamente al Congreso para su aprobación definitiva.
Con unas posturas muy marcadas desde hace meses y pequeñísimas posibilidades de acercamiento, el debate previo a la votación ha sido duro y bronco. Wert ha reprochado a la oposición que sus argumentaciones "nacen de prejuicios" y ha decidido "no gastar tiempo" en contestarles. No quería "contestar a los insultos", pero ha terminado desafiando a los portavoces de Izquierda Plural y PSOE a que demuestren cuándo ha llamado vagos a profesores y estudiantes.
Para Mario Bedera, del PSOE, el Gobierno quiere poner en práctica un "darwinismo social" que pondrá en peligro logros importantísimos de las últimas décadas como "que un padre analfabeto tenga un hijo con un título universitario". Actúa el ministro Wert, en su opinión, de una forma "cínica al decir que están con la mano tendida cuando ha sido un monólogo que ha llevado a una huelga general. El 24 habrá otra y será un éxito. Hacen leyes de partido, no de país".
Sandra Moneo, del PP, por el contrario, ha sostenido que si la oposición llega al poder y deroga la ley —como han anunciado todos los grupos menos UPN, Foro Asturias y UPyD— lo hará "anteponiendo sus intereses ideológicos al interés general".
La inmersión lingüística ha sido objeto de grandes reproches. CiU considera que la agria polémica del uso en las aulas del catalán "se ha agravado con las intervenciones en el debate de las enmiendas" y con el "ataque" de UPyD al conseguir imponer en la ley el castellano como lengua vehicular en todo el Estado. ERC, más extremo, ha asegurado que" Cataluña no aplicará la ley. Franco no consiguió terminar con el catalán y el Gobierno tampoco".
Los grupos vascos no se han quedado atrás en las críticas. El PNV opina que es "especialmente grave" la reforma para el País Vasco porque tiene unos resultados en las pruebas internacionales "incuestionables" en calidad. Amaiur ha escenificado su contrariedad con libros en las manos, simulando estar castigados por hablar euskera.
Con las leyes educativas en España, tanto las universitarias como las no universitarias, se suele repetir el mismo esquema: las que impulsa un Gobierno del PSOE (LOGSE, LOE, LOM-LOU) suelen tener apoyo de más grupos parlamentarios y las del PP (LOCE, LOU), menos; aunque tanto unas como otras van acompañadas siempre de manifestaciones de protesta en las calles. Y con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se repite la historia.
Así, aunque el esquema es parecido, esta vez existen, el contexto de la séptima ley escolar de la democracia presenta algunas particularidades, sobre todo, unos recortes educativos que ya suponen más de 6.400 millones menos en los presupuestos escolares que en 2010 y que han unido en la protesta a padres, alumnos y profesores de toda España y de todas las etapas educativas. Primero, contra el tijeretazo -en lo que se ha llamado la marea verde- y, después, también contra una reforma que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ve como la otra cara de la misma moneda, es decir, un cambio que institucionaliza una especie de escuela low cost.
En general, incluso desde los sectores más afines a las políticas del Partido Popular, se han quejado durante el proceso de redacción y tramitación de la LOMCE de falta de diálogo por parte del ministerio, que ha visto cómo en algún momento se le han rebelado incluso las comunidades gobernadas por el PP. El ministerio siempre ha defendido su propuesta como la mejor receta para acabar con los males que, aseguran, han causado las leyes del PSOE: un alto abandono escolar temprano (un 24,9% de los jóvenes de 18 a 24 años deja de estudiar después de la ESO) y unos mediocres resultados en las pruebas internacionales como PISA.
Pero ¿en qué consiste la reforma? Aunque para la oposición toda ella es ideológica, el ministerio admite que los es una parte, pero que el núcleo central está basado en las evidencias que aportan los estudios internacionales como el de PISA de la OCDE. La parte que admiten ideológica se refiere a la recuperación de una asignatura alternativa a la Religión católica (una vieja reivindicación de los obispos para atraer a más alumnos a la asignatura confesional), la eliminación completa de Educación para la Ciudadanía, y el blindaje a los colegios que separan por sexo para que puedan recibir subvenciones públicas (algo que con la ley actual es ilegal, según varias sentencias). Muchos meterían también en este apartado el apoyo a la enseñanza concertada, al incluir la libertad de enseñanza entre los principios de la educación, quitar la palabra "pública" en la frase que dice que las administraciones tendrán que garantizar una plaza escolar o al respaldar legalmente la cesión de suelo público a centros privados.
En la otra parte, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, colocaba en una reciente entrevista: "Modernizar y hacer más atractiva la FP [se crea un nuevo título, dentro de la etapa obligatoria: la FP Básica]; evaluaciones externas a los centros [serán reválidas al final de la ESO y bachillerato], que tendrán más autonomía, pero con más rendición de cuentas, y una configuración de las asignaturas que redefina el papel del Estado, las comunidades autónomas y los centros". Aparte de eso, se adelantan los itinerarios diferenciados hacia la FP y el bachillerato y las vías alternativas a la ESO.
Con unas posturas muy marcadas desde hace meses y pequeñísimas posibilidades de acercamiento, el debate previo a la votación ha sido duro y bronco. Wert ha reprochado a la oposición que sus argumentaciones "nacen de prejuicios" y ha decidido "no gastar tiempo" en contestarles. No quería "contestar a los insultos", pero ha terminado desafiando a los portavoces de Izquierda Plural y PSOE a que demuestren cuándo ha llamado vagos a profesores y estudiantes.
Para Mario Bedera, del PSOE, el Gobierno quiere poner en práctica un "darwinismo social" que pondrá en peligro logros importantísimos de las últimas décadas como "que un padre analfabeto tenga un hijo con un título universitario". Actúa el ministro Wert, en su opinión, de una forma "cínica al decir que están con la mano tendida cuando ha sido un monólogo que ha llevado a una huelga general. El 24 habrá otra y será un éxito. Hacen leyes de partido, no de país".
Sandra Moneo, del PP, por el contrario, ha sostenido que si la oposición llega al poder y deroga la ley —como han anunciado todos los grupos menos UPN, Foro Asturias y UPyD— lo hará "anteponiendo sus intereses ideológicos al interés general".
La inmersión lingüística ha sido objeto de grandes reproches. CiU considera que la agria polémica del uso en las aulas del catalán "se ha agravado con las intervenciones en el debate de las enmiendas" y con el "ataque" de UPyD al conseguir imponer en la ley el castellano como lengua vehicular en todo el Estado. ERC, más extremo, ha asegurado que" Cataluña no aplicará la ley. Franco no consiguió terminar con el catalán y el Gobierno tampoco".
Los grupos vascos no se han quedado atrás en las críticas. El PNV opina que es "especialmente grave" la reforma para el País Vasco porque tiene unos resultados en las pruebas internacionales "incuestionables" en calidad. Amaiur ha escenificado su contrariedad con libros en las manos, simulando estar castigados por hablar euskera.
Con las leyes educativas en España, tanto las universitarias como las no universitarias, se suele repetir el mismo esquema: las que impulsa un Gobierno del PSOE (LOGSE, LOE, LOM-LOU) suelen tener apoyo de más grupos parlamentarios y las del PP (LOCE, LOU), menos; aunque tanto unas como otras van acompañadas siempre de manifestaciones de protesta en las calles. Y con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se repite la historia.
Así, aunque el esquema es parecido, esta vez existen, el contexto de la séptima ley escolar de la democracia presenta algunas particularidades, sobre todo, unos recortes educativos que ya suponen más de 6.400 millones menos en los presupuestos escolares que en 2010 y que han unido en la protesta a padres, alumnos y profesores de toda España y de todas las etapas educativas. Primero, contra el tijeretazo -en lo que se ha llamado la marea verde- y, después, también contra una reforma que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ve como la otra cara de la misma moneda, es decir, un cambio que institucionaliza una especie de escuela low cost.
En general, incluso desde los sectores más afines a las políticas del Partido Popular, se han quejado durante el proceso de redacción y tramitación de la LOMCE de falta de diálogo por parte del ministerio, que ha visto cómo en algún momento se le han rebelado incluso las comunidades gobernadas por el PP. El ministerio siempre ha defendido su propuesta como la mejor receta para acabar con los males que, aseguran, han causado las leyes del PSOE: un alto abandono escolar temprano (un 24,9% de los jóvenes de 18 a 24 años deja de estudiar después de la ESO) y unos mediocres resultados en las pruebas internacionales como PISA.
Pero ¿en qué consiste la reforma? Aunque para la oposición toda ella es ideológica, el ministerio admite que los es una parte, pero que el núcleo central está basado en las evidencias que aportan los estudios internacionales como el de PISA de la OCDE. La parte que admiten ideológica se refiere a la recuperación de una asignatura alternativa a la Religión católica (una vieja reivindicación de los obispos para atraer a más alumnos a la asignatura confesional), la eliminación completa de Educación para la Ciudadanía, y el blindaje a los colegios que separan por sexo para que puedan recibir subvenciones públicas (algo que con la ley actual es ilegal, según varias sentencias). Muchos meterían también en este apartado el apoyo a la enseñanza concertada, al incluir la libertad de enseñanza entre los principios de la educación, quitar la palabra "pública" en la frase que dice que las administraciones tendrán que garantizar una plaza escolar o al respaldar legalmente la cesión de suelo público a centros privados.
En la otra parte, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, colocaba en una reciente entrevista: "Modernizar y hacer más atractiva la FP [se crea un nuevo título, dentro de la etapa obligatoria: la FP Básica]; evaluaciones externas a los centros [serán reválidas al final de la ESO y bachillerato], que tendrán más autonomía, pero con más rendición de cuentas, y una configuración de las asignaturas que redefina el papel del Estado, las comunidades autónomas y los centros". Aparte de eso, se adelantan los itinerarios diferenciados hacia la FP y el bachillerato y las vías alternativas a la ESO.
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