Las ONG piden al Parlamento que “las personas” sean el eje de discusión
Intermón, Amnistía Internacional y Greenpeace entregan un decálogo a los portavoces
Fuente: El Pais
Decálogo para combatir la crisis entregado por tres ONGs en el Congreso. / J. L. Pino (EFE)
Hay muchos derechos “vulnerados”, entre ellos, salud, educación y acceso a la vivienda y de esto se tiene que hablar en el debate del estado de la nación que comienza el miércoles. Así lo esperan tres ONG, que han querido ponerlo de manifiesto en un decálogo que han entregado en el Congreso de los Diputados a nombre de los portavoces y presidentes de los grupos parlamentarios. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se lo enviaron por correo. Los máximos representantes de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; de Greenpeace, Mario Rodríguez y José María Vera, de Intermón Oxfam, han considerado que el camino de España por los recortes adoptados se dirige a convertirse en un país “más injusto, más pobre y más inestable”. La crisis es económica, pero también política por los casos de corrupción, por lo que estiman inexcusable afrontar un proceso “de regeneración” de la vida política..
Hay colectivos muy vulnerables de los que estas tres organizaciones quieren que se hable en el debate de la nación. A ellos hay que atender, por lo que debe haber un cambio “en la política fiscal y económica”, para crear empleo, además de “reorientar el modelo energético”. En torno a estas tres grandes líneas se encuentran las medidas económicas.
Dentro de los grupos más vulnerables Beltrán, Rodríguez y Vera destacan a los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las mujeres. Estos culpan al Gobierno, por las medidas tomadas, de que casi dos millones de familias “no tengan ningún ingreso y una de cada cuatro viva en el pobreza o en condiciones de exclusión social”.
Para paliar alguna de estas situaciones piden, en primer lugar, que se derogue el decreto que limita el acceso de los inmigrantes a la salud y que se paralicen todos los desahucios forzosos de los afectados por impago de la hipoteca y también a quienes no pueden hacer frente a los alquileres, como se reconoce en otros países. “Las autoridades deben poner frente a la indefensión que sufren cientos de miles de personas por problemas con la viviendas, señala Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional (AI). El director de AI estima, además, inadmisible “el uso excesivo de la fuerza” contra quienes se han manifestado para evitar los desalojos u otras protestas, “con total impunidad”.
Un modelo energético basado exclusivamente en las energías renovables daría mejor servicio, “acabaría con la dependencia energética y las emisiones de CO2, ahorrando más de 200.000 millones de euros al año, señala Mario Rodríguez, de Greenpeace.
La crisis económica nacional no puede ser una excusa para incumplir las obligaciones internacionales de España para paliar la pobreza en el mundo; se refiere a los recortes en la ayuda a la cooperación internacional. Sus medidas culminan con la denuncia de la relajación en los controles sobre el comercio de armas. No están de acuerdo en la venta de carros de combate Leopard a Arabia Saudí, al ser este un país con “oscuro historial de derechos humanos”.
Los tres máximos representantes de estas organizaciones han entregado su documento en el registro del Congreso, pero no se han entrevistado con ningún portavoz político, porque no lo habían solicitado. Pero todos los portavoces, cuando suban a la tribuna de oradores el miércoles y jueves de esta semana, estarán ya informados de lo que piden las tres organizaciones.
Hay colectivos muy vulnerables de los que estas tres organizaciones quieren que se hable en el debate de la nación. A ellos hay que atender, por lo que debe haber un cambio “en la política fiscal y económica”, para crear empleo, además de “reorientar el modelo energético”. En torno a estas tres grandes líneas se encuentran las medidas económicas.
Dentro de los grupos más vulnerables Beltrán, Rodríguez y Vera destacan a los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las mujeres. Estos culpan al Gobierno, por las medidas tomadas, de que casi dos millones de familias “no tengan ningún ingreso y una de cada cuatro viva en el pobreza o en condiciones de exclusión social”.
Para paliar alguna de estas situaciones piden, en primer lugar, que se derogue el decreto que limita el acceso de los inmigrantes a la salud y que se paralicen todos los desahucios forzosos de los afectados por impago de la hipoteca y también a quienes no pueden hacer frente a los alquileres, como se reconoce en otros países. “Las autoridades deben poner frente a la indefensión que sufren cientos de miles de personas por problemas con la viviendas, señala Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional (AI). El director de AI estima, además, inadmisible “el uso excesivo de la fuerza” contra quienes se han manifestado para evitar los desalojos u otras protestas, “con total impunidad”.
Un modelo energético basado exclusivamente en las energías renovables daría mejor servicio, “acabaría con la dependencia energética y las emisiones de CO2, ahorrando más de 200.000 millones de euros al año, señala Mario Rodríguez, de Greenpeace.
La crisis económica nacional no puede ser una excusa para incumplir las obligaciones internacionales de España para paliar la pobreza en el mundo; se refiere a los recortes en la ayuda a la cooperación internacional. Sus medidas culminan con la denuncia de la relajación en los controles sobre el comercio de armas. No están de acuerdo en la venta de carros de combate Leopard a Arabia Saudí, al ser este un país con “oscuro historial de derechos humanos”.
Los tres máximos representantes de estas organizaciones han entregado su documento en el registro del Congreso, pero no se han entrevistado con ningún portavoz político, porque no lo habían solicitado. Pero todos los portavoces, cuando suban a la tribuna de oradores el miércoles y jueves de esta semana, estarán ya informados de lo que piden las tres organizaciones.
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