Ana María Gómez: “Mi política es defender el techo de mis hijos”

Olivia Carballar / Sevilla/ 25 sep 2013

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Ana María Gómez, en el centro, cuando le fue notificada la expropiación. // JAVIER ALBIÑANA

 

Ana María Gómez atiende al teléfono de camino al colegio. Son casi las dos de la tarde y va a recoger a sus dos niños. Trabaja unas cuantas horas como dependienta y vive, con lo poco que gana, en el piso del que estuvo a punto de ser desahuciada. El decreto aprobado por la Junta de Andalucía el pasado abril impidió que se quedara en la calle. El recurso del Gobierno central en el Constitucional la volvió a dejar desamparada. Y ahora está acogida, según cuenta, a la moratoria de dos años propuesta por Rajoy para casos extremos.

Hoy el Parlamento andaluz aprobará con los votos del PSOE e IU una norma que amplía el decreto. Pero la Junta no sabe cuánto tiempo la podrá aplicar. El PP ya ha anunciado su voto en contra y esta vez el recurso en el Tribunal Constitucional parece estar más cerca. Ana María, ajena a las tramitaciones, a los tiempos y a los órdenes del día, no entiende por qué se recurren leyes que pueden ayudar a las personas, por qué tiene que acogerse a un decreto un día o a una moratoria la semana o el mes siguiente. “Estoy siempre con la incertidumbre. A mí la situación no me la arregla nadie. Estoy sola, sin capacidad para absorber todas las cargas que tengo. ¿Adónde voy? Yo no quiero saber nada de guerras políticas ni ideologías. Yo lo único que tengo claro es que defiendo mi política, que es buscar el techo de mis hijos”, afirma ya cansada, pero sin tirar la toalla.

La nueva Ley de función social de la vivienda incluye mejoras como la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación del uso temporal de viviendas, con un máximo de tres años. Además de las personas en riesgo de exclusión social, como el caso de Ana María y las otra 17 familias beneficiadas con el decreto, el nuevo texto protegerá también a quienes avalaron con su propia casa otra vivienda, a los autónomos que pusieron su vivienda como aval para sacar adelante su negocio y aquellas personas atrapadas en las denominadas hipotecas puente. “Esta Ley devolverá el poder a la gente”, insiste la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), que defiende su absoluta constitucionalidad.

Ana María representa la desesperación de cientos de familias. La Junta, tras la paralización del decreto, ha continuado trabajando en la búsqueda de soluciones para que ninguna persona se quede en la calle. Entre otras medidas, mantuvo una reunión con los bancos afectados y solicitó a los juzgados que paralizacen los procesos. El Santander llegó incluso a comprometerse a estudiar caso por caso para ofrecer alquileres sociales. Ana María no ha tenido noticias hasta el momento.